Importante decisión de la CIDH favorece a las víctimas en Venezuela

El pasado 20 de diciembre, la lucha por el respeto a los derechos humanos en Venezuela se anotó un éxito. La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió su sentencia condenatoria al Estado venezolano a favor de tres víctimas de violación de sus derechos humanos por delitos de ejecuciones extrajudiciales, tortura y detenciones arbitrarias. Incorporó en esa sentencia, además, la persecución a los familiares por denunciar esas violaciones.

Aleteia tuvo en primicia acceso a esta información.

Noticia muy importante para la Iglesia Católica

La sentencia reviste gran significación pues reivindica el derecho de las víctimas. “De hecho, la sentencia misma es una reivindicación a las víctimas aunque en el país no consigan justicia”, puntualiza José Gregorio Guarenas, abogado al frente del equipo de la Vicaría de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Caracas, quienes monitorearon el caso, recogieron evidencias y presentaron la denuncia ante el organismo interamericano.

“Estamos hablando de una Corte Internacional –agrega- y con esta sentencia la Vicaría de Derechos Humanos se ubica como la segunda organización que más litigios tiene en el hemisferio después de Cofavic (Comité de Familiares de las Víctimas, la ONG venezolana con mayor trayectoria en el registro de violaciones a los derechos humanos ocurridas en el país desde 1989), lo cual nos hace sentir satisfechos de nuestro trabajo y contentos con esta decisión que hace justicia a personas inocentes”.

Los casos que conoció la Corte

El fondo de la denuncia es un crimen de Estado muy frecuente en Venezuela y que golpea a muchas familias: las ejecuciones extrajudiciales. En este caso, casi se llevaron a la tumba a toda una familia, pues dos hermanos además de su padre fueron asesinados de esta forma.

Guarenas explica: “El primero que resulta herido es uno de los hijos, por parte de la policía del estado Aragua; su padre y hermano acuden a buscarlo al hospital y en el trayecto los asesinan a ellos también. Este terrible caso fue estudiado por la Corte y determinó que al primero se lo llevaron herido y luego lo encuentran muerto pero ahogado con aguas servidas. Fue dantesco lo que ocurrió”.

Ni la Fiscalía, ni los tribunales, ni autoridad alguna hicieron justicia. Es por eso que la Vicaría resuelve elevar el caso a las instancias internacionales. “Para el Estado venezolano – precisa – implica que ha sido condenado. De las 25 sentencias que ha emitido la Corte Interamericana en contra del Estado venezolano, solo se ha cumplido, parcialmente, una indemnización por el caso del famoso ‘Caracazo’ (las revueltas y saqueos que estremecieron a Caracas en 1989, antes del triunfo de Hugo Chávez) pero todas las demás sentencias siguen sin cumplirse”.

Obviamente, ahora la lucha continúa con más fuerza y empeño, según asegura. “Tenemos que insistir en que el estado cumpla con esas decisiones. Solo espero que, en un futuro no lejano, tengamos en el país autoridades que honren esos compromisos pues son mandatos de la CIDDH”

Los defensores de derechos humanos siguen en riesgo

En el último reporte que hizo la Vicaría en julio-diciembre del 2019, producto del monitoreo que realiza sobre la situación de los defensores, la cifra de amenazas y situaciones de peligro ha aumentado.

“Es lamentable –reconoce Guarenas- pues especialmente vemos un repunte que nos preocupa porque la persecución, amenazas y hostigamiento está muy vinculado al tema humanitario y el trabajo que en relación a ello cumplimos los defensores. Por ejemplo, registramos casos de las distintas oficinas de Cáritas en el interior del país, defensores que trabajan en el organismo y en la Pastoral Social cuyo trabajo se circunscribe a los casos de derechos humanos y asistencia humanitaria, quienes reportan haber sido objeto de persecución y amenazas”.

La Vicaría de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Caracas acaba de presentar esas cifras a la Relatoría de Naciones Unidas y también a la Relatoría de la CIDDH manifestando nuestra preocupación al respecto. “Esperamos que ellos hagan un pronunciamiento en torno a esta situación de los defensores de derechos humanos en Venezuela en su período de sesiones del mes de marzo próximo”, concluyó.

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